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El porcentaje es todavía mayor entre los habitantes de las zonas urbanas de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde 6 de cada 10 personas afirman saber de algún caso.

En las zonas rurales, la situación es un tanto más sana. Allí, 4 de cada 10 personas dicen conocer algún acto de corrupción.

Estos datos provienen de la más reciente encuesta de opinión pública, elaborada por la empresa Unimer a solicitud de La Nación.

Ayer en la tarde, este diario le preguntó a los lectores, en su perfil en Facebook, si podían relatar casos recientes de corrupción. En cuestión de minutos, llegaron varios mensajes.

Un hombre contó que, la semana pasada, le pagó ¢20.000 a un oficial de Tránsito cuando este lo detuvo en la carretera Cañas-Liberia. Según su narración, el policía le insistió en que debía imponerle una multa de ¢300.000 por un falso adelantamiento, hasta que usó la frase: “Si usted me ayuda, yo lo ayudo”.

Otro lector afirmó que, en un gobierno municipal de la Gran Área Metropolitana, discriminan a su empresa en las contrataciones de alquiler de maquinaria para favorecer a otras compañías.

Asimismo, una mujer narró que, años atrás, un par de policías les cobraron a ella y a una amiga ¢20.000 para no llevárselas arrestadas tras encontrarlas fumando marihuana en un parqueo.

Según el estudio de Unimer, el conocimiento sobre actos de corrupción es mayor entre las personas de nivel socieconómico alto, donde casi 7 de cada 10 conocen algún hecho. En el nivel bajo, la cifra se reduce a 4 de cada 10.

La encuesta fue hecha del 9 al 17 de abril a 1.200 personas en todo el país. El margen de error es de 2,8 puntos porcentuales.

Problema aumenta. Unimer también le preguntó a las personas si creen que la corrupción ha aumentado en los últimos diez años.

En el caso del sector público, casi un 70% consideró que el problema se ha agravado y, en el sector privado, poco menos del 60%.

La percepción coincide con la opinión externada por los encuestados cuando se les preguntó cuán corrupto consideraban al Gobierno. En enero, 4 de cada 10 dijeron que sí era corrupto y, ahora, la cifra subió a 6 de cada 10.

¿Qué tan serio es el problema para el país? Para 9 de cada 10, el asunto es serio o muy serio.

Cuestión de cuentas. El sociólogo Miguel Sobrado, de la Universidad Nacional (UNA), sostuvo que el problema de la corrupción se deriva de un Estado en el que no existe una verdadera rendición de cuentas por parte de los funcionarios, ni la posibilidad de quitarlos del cargo en caso de incumplimiento.

“Es un Estado que no permite trabajar en serio; eso desestimula y el patrimonio se ve como bienes de difunto”, dijo el sociólogo, quien agregó que la corrupción acrecienta la desintegración social.

Pese a la gran cantidad de leyes y procedimientos, el problema persiste porque no se les exigen resultados a los funcionarios públicos, según el artículo 11 de la Constitución Política, continuó Sobrado.

Dicho artículo dice que la administración pública estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados, “con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.